l nuevo secretario de Educación (Aurelio Nuño) ha ofrecido visitar los lunes las escuelas de educación básica del país. Si sus visitas no son para sacarse la foto, encontrará que muchas de las primarias públicas de México no son en realidad gratuitas, como debieran ser por mandato constitucional (artículo 3°).
Las primeras en sufrir las consecuencias de la falsa gratuidad de las escuelas son las madres viudas, divorciadas y solteras de escasos recursos (con ingresos menores de 6 mil pesos mensuales). El primer problema al que se enfrentan los progenitores que tienen que trabajar es que, contra lo que presumen algunos gobernantes, las escuelas no son de tiempo completo, por lo que los niños no pueden permanecer en la escuela durante la jornada más o menos normal de sus padres. Éstos, obligados a recogerlos antes de que terminen sus labores, pierden parte de sus exiguos salarios o incluso los despiden por no poder cumplir con sus horarios. Los directivos de las escuelas públicas deberían tomar en cuenta esta situación, más generalizada de lo que pudiera creerse, y ampliar el tiempo en que los niños deben permanecer en los planteles. Los gobiernos estatales o el federal deberán, por lo mismo, dotar a las escuelas de comedores gratuitos para los niños, de preferencia para desayuno y comida.
Una propuesta integral de la educación obligatoria y gratuita tendría que contemplar ambas condiciones: horarios y alimentación de los niños en las escuelas. De no hacerse se está limitando en la práctica la gratuidad de la educación, pues los padres o tutores corren riesgos laborales (sobre todo las jefas de familia) por no poder cumplir una jornada de ocho horas (que en el servicio doméstico suele ser mayor) o porque tenga que pagar, de su ya precario salario, a alguien que no sólo recoja a sus niños de la escuela sino que los cuide y les dé de comer. Una madre viuda, divorciada o soltera con ingresos de 6 mil pesos mensuales o menores tiene que pagar, además de la renta de su vivienda, alrededor de 2 mil pesos mensuales para que le cuiden a sus hijos en condiciones, por cierto, muy frágiles y frecuentemente riesgosas.
Pero hay más. En muchas escuelas primarias públicas y supuestamente gratuitas hay otros gastos para los padres de familia. Los directores y los profesores les exigen uniformes que deben comprar en determinado lugar, no necesariamente donde sean más económicos. Les exigen, además, que forren los libros con plástico de contacto de un determinado color, que es más costoso que el papel de estraza. Si un profesor falta, por descanso o salud, los padres deben pagar un suplente, que a menudo significa 60 pesos por día y por alumno. Un viernes de cada mes no hay clases porque los profesores tienen junta. Los padres de familia, aunque parezca mentira, deben llevarles comida a los profesores porque dichas reuniones suelen durar todo el día. Por si no fuera suficiente, los padres de familia, en un sistema rotatorio, tienen que limpiar las escuelas y si no lo hacen les cobran una multa
que llega a ser de 400 pesos. En otros casos tienen que arreglar los sanitarios, limpiarlos y hasta pintar los salones de clases. Todo esto obliga a los padres, sobre todo a las madres, a llegar tarde a sus trabajos o de plano a faltar, con el consabido descuento por día no laborado. Agréguense a estos gastos las kermeses, las fiestas de algún tipo en las que los niños deben ir vestidos de una determinada manera, los uniformes de deportes, las cooperaciones (voluntarias-obligatorias) para gastos extraordinarios de las escuelas, materiales de dibujo o artesanías, etcétera.
¿Becas? Sí las hay, pero no para todos y con frecuencia las administran
los directivos de las escuelas o las asociaciones de padres de familia
, a menudo en manos de los mismos vivales de siempre y coludidos con las autoridades. ¿Y las tablets que les iban a dar? Lo usual es que nunca llegan a manos de los niños (¿quién se queda con ellas?), pero eso sí, los profesores les piden que investiguen temas que sólo pueden existir en bibliotecas que no hay o en Internet que no tienen en sus casas ni en sus escuelas.
¿Cuál es la autoridad que podría o debería supervisar que en efecto las escuelas públicas sean de verdad gratuitas y que no pongan en riesgo el trabajo de los padres de familia, mayoritariamente pobres? ¿Los secretarios de Educación en los estados y el mismo titular de la SEP? ¿Existen las condiciones reales para que el nuevo secretario de Educación, en sus visitas de los lunes, se entere de lo que realmente pasa en las escuelas de educación básica? No lo creo, pero alguien debería hacerse cargo de que la Constitución, al menos en este aspecto, se cumpla.
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